Crisis en el sector y rechazo al Gobierno

El transporte pesado internacional se ha declarado en quiebra y ha anunciado que no pagará impuestos ni peajes debido a la crisis económica que atraviesa el sector. Domingo Ramos, representante de la Confederación del Transporte Pesado, denunció que el Gobierno no ha cumplido con los compromisos asumidos en julio del 2023 y que las condiciones actuales hacen inviable la continuidad de sus operaciones.

«Nos hemos declarado en quiebra por falta de combustible y por la falta de respuestas del Gobierno. Nos prometieron cumplir 12 puntos en julio del año pasado y hasta el momento no han cumplido ni uno solo», expresó Ramos.

Protesta contra el Ministro de Obras Públicas

El dirigente criticó duramente al ministro de Obras Públicas, a quien calificó de “Tik Tokero”, y aseguró que las reuniones sostenidas por el Gobierno no han incluido a los verdaderos representantes del transporte pesado.

«El ministro de Obras Públicas ha llamado a sus acólitos, a transportistas urbanos que no salen de la ciudad, pero no a los verdaderos transportistas de carga pesada», afirmó.

Asimismo, Ramos exigió que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) garantice vías en óptimas condiciones antes de exigir el pago de peajes. «No vamos a pagar peajes hasta que nos muestren carreteras en perfecto estado para poder realizar nuestro trabajo», enfatizó.

Impuestos y deudas impagables

Otro punto de conflicto para el sector es el pago de impuestos y créditos bancarios. Ramos señaló que el transporte pesado no podrá pagar el impuesto a las utilidades programado para abril, ni cumplir con sus obligaciones financieras debido a la crisis actual.

«Impuestos Nacionales nos aprieta y no tenemos cómo pagar. Estamos enviando notas a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), a bancos y a Vías Bolivia para que se convoque a una reunión nacional de transportistas de carga pesada», explicó.

Falta de combustible y advertencias al Gobierno

En relación con el suministro de combustible, Ramos desmintió que la situación esté mejorando y denunció que en El Alto aún se registran largas filas para conseguir diésel. Esta escasez, sumada a los altos costos operativos, ha llevado al transporte pesado a exigir medidas de austeridad y flexibilización en los pagos de intereses bancarios.

«El gobierno debe buscar soluciones, darnos plazos y reducir los intereses que son muy altos. No podemos seguir en esta crisis», concluyó.

El sector ha dado un plazo de 72 horas al ministro de Obras Públicas para retractarse de las acusaciones que ha hecho contra Ramos y el gremio. De lo contrario, se iniciarán acciones legales en su contra. Mientras tanto, la presión del transporte pesado podría intensificarse en los próximos días si no se atienden sus demandas.

JR/Andina