El transporte pesado internacional ha declarado estado de emergencia y ha emitido un ultimátum al Gobierno, exigiendo una rebaja del 50% en los sueldos de las autoridades gubernamentales y legislativas. Además, han anunciado que desde el 18 de marzo dejarán de pagar peajes a nivel nacional como medida de presión ante la crisis del combustible y el deterioro de las carreteras.
Desconfianza en las autoridades y crisis del combustible
El dirigente del transporte pesado internacional, Domingo Ramos, criticó duramente la gestión del Gobierno en la provisión de carburantes y señaló que la crisis se ha agravado en lugar de resolverse.
“En la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. Nos han engañado una y otra vez. Revisamos surtidores y en vez de mejorar, la situación ha empeorado”, denunció.
Según Ramos, más de 120 millones de litros de diésel ingresan desde la terminal de Arica, pero la distribución sigue siendo deficiente.
“El Gobierno nos ha culpado de bloqueos y marejadas, pero hoy la verdad sale a la luz: no hay dinero. Nos han mentido descaradamente”, añadió.
Exigencia de reducción salarial y congelación de sueldos vitalicios
Como una de las principales demandas, Ramos instó al presidente del Estado y a todas las autoridades a reducirse el sueldo en un 50%, además de congelar los sueldos vitalicios de los expresidentes.
“Por ética y responsabilidad con el país, deben bajarse los sueldos. No pueden seguir beneficiándose mientras el pueblo enfrenta una crisis económica insostenible”, reclamó.
Anuncio de quiebra y suspensión de pago de peajes
El sector del transporte pesado ha tomado una decisión drástica: declararse en quiebra y suspender el pago de peajes en todo el país a partir del 18 de marzo.
“No tenemos posibilidad de cubrir impuestos, bancos ni peajes. No vamos a seguir financiando carreteras que están destruyendo nuestras herramientas de trabajo”, afirmó Ramos.
Además, exigieron la renuncia inmediata del ministro de Economía, el ministro de Obras Públicas y el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a quienes acusan de incompetencia en la gestión del combustible y la infraestructura vial.
“Tenemos documentos firmados desde julio del año pasado y hasta la fecha no han hecho nada. Ya no podemos esperar más”, concluyó el dirigente.
El voto resolutivo ha sido enviado al presidente del Estado y se espera una respuesta en los próximos días. Entretanto, el transporte pesado se mantiene en estado de emergencia y amenaza con intensificar las medidas de presión en caso de no recibir una solución inmediata.
JR/Andina
