La directora de Género Generacional del Gobierno Municipal de Cochabamba, Tatiana Herrera, fue imputada por el Ministerio Público tras denunciar los presuntos abusos sexuales cometidos por el expresidente Evo Morales a menores de edad. A pesar de la imputación, Herrera ha dejado claro que no permitirá que la justicia la silencie y continuará su lucha para proteger a las víctimas.
Un proceso judicial acelerado e infundado
Tatiana Herrera, en declaraciones realizadas a medios de comunicación, expresó su profunda preocupación por la celeridad y la falta de fundamentos en el proceso que se inició en su contra. Según la funcionaria, la imputación fue presentada en un tiempo récord, sin que se consideraran los elementos necesarios para justificar una acción de esa envergadura. “A mí me imputan de una manera totalmente infundada, sin ningún criterio ni elementos básicos necesarios para llevar a cabo esta acción”, afirmó Herrera, visiblemente preocupada por lo que considera una represalia judicial.
La directora de Género denunció que los sectores afines al exmandatario han solicitado su encarcelamiento por tres meses en la cárcel de San Sebastián. “Imagínense a dónde hemos llegado. Cualquier persona que quiera denunciar delitos tan graves como agresiones sexuales corre el riesgo de acabar en la cárcel”, enfatizó la funcionaria.
Las víctimas, silenciadas por miedo a represalias
Herrera manifestó su preocupación por el impacto que este tipo de persecuciones judiciales puede tener sobre las víctimas de abuso sexual. Aseguró que muchas de ellas, al ver cómo se está manejando su caso, están retrocediendo en sus denuncias por miedo a enfrentar las mismas represalias. “¿Qué estamos haciendo con las víctimas? Obviamente todas las víctimas en este momento están totalmente retraídas”, señaló.
Asimismo, destacó el caso de la diputada Luciana Campero, quien también ha recibido amenazas por su postura contra los abusos de Morales. “Veía que la diputada Luciana Campero también estaba asustada porque había recibido amenazas del lado evista. Yo no solo las recibí, sino que cumplieron”, afirmó, haciendo referencia a las acciones legales en su contra.
«No me van a callar»
A pesar de la imputación y las amenazas recibidas, Herrera fue enfática al declarar que no cederá ante las presiones. “A mí no me van a callar, definitivamente no me van a callar. No porque esto sea una cuestión política, porque esta es una cuestión humana”, declaró, remarcando que la denuncia que presentó responde a su compromiso con la defensa de los derechos humanos, en especial los de las víctimas de agresiones sexuales.
Para Herrera, la situación va más allá de la crisis política o económica que atraviesa el país. “No podemos los bolivianos aceptar que en nuestro país se naturalicen y se normalicen estas desviaciones sexuales”, sostuvo la funcionaria.
Un precedente peligroso
La imputación contra Tatiana Herrera establece un precedente alarmante para quienes buscan denunciar abusos en Bolivia. La funcionaria alertó que su caso podría desincentivar a otros defensores de derechos humanos y a víctimas de delitos similares, ya que se enfrentan al riesgo de ser perseguidos judicialmente por alzar la voz contra el poder.
Con la imputación de Herrera, se agudiza el debate en torno a la independencia de la justicia en Bolivia y el manejo político de casos sensibles como las denuncias de abuso sexual. La directora de Género ha dejado en claro que, a pesar de la imputación, continuará con su labor y no permitirá que las amenazas detengan su trabajo en favor de las víctimas.
JP/Andina
