Cochabamba se enfrenta a un clima de tensión creciente, según afirma Tatiana Herrera, directora de Género Generacional del Municipio de Cercado, quien denuncia presiones a pobladores para bloquear las vías y presenta nuevas acusaciones contra el expresidente Evo Morales por supuestos casos de estupro. La situación pone de relieve un contexto de coerción y temor que afecta tanto a las comunidades locales como a la seguridad de las personas involucradas.
Presiones para bloquear rutas: un clima de coerción
Tatiana Herrera, en declaraciones desde La Paz, reveló que existen fuertes presiones a los pobladores del Cercado para participar en bloqueos, instrucciones que supuestamente provendrían de Evo Morales, quien habría dado órdenes a los líderes municipales. Herrera señala que esta estrategia está dirigida a “bloquear de manera contundente las rutas hacia La Paz y Sucre”.
“Cada representante municipal de la carretera hacia el occidente fue instruido a bloquear, pero al negarse a participar en estas medidas, Morales ordenó el envío de personas desde el Chapare para imponer el bloqueo y generar un clima de tensión entre los municipios y sus representantes”, denunció Herrera.
Según la abogada, el objetivo de Morales sería crear una confrontación entre los propios cochabambinos y, en última instancia, entre los bolivianos, en un intento de imponer sus intereses mediante la coacción.
Nuevas acusaciones de presuntos abusos
Además de las denuncias sobre los bloqueos, Herrera presentó nuevos testimonios de presuntos casos de estupro cometidos por Morales. Según la abogada, ya existen dos denuncias presentadas de jóvenes que habrían sufrido abusos y que incluso dieron a luz a hijos producto de esas agresiones. Herrera subraya que el miedo sigue presente en las familias afectadas, quienes prefieren mantenerse en la clandestinidad por temor a represalias.
“Estas familias viven aterrorizadas; una de las víctimas y su madre han tenido que esconderse, incluso con la hija fruto de esa relación. Tienen miedo por sus vidas”, explicó Herrera, quien también señaló que estas denuncias datan del año 2014, cuando Morales aún ocupaba la presidencia del país.
Obstáculos para las víctimas y falta de intervención
Herrera también denunció que varias familias del Chapare, quienes estaban dispuestas a presentar sus denuncias en Cercado por abusos y agresiones, no han podido salir de la región debido a un presunto “toque de queda” informal. Según la abogada, este supuesto control limita la movilidad de quienes intentan denunciar hechos de violencia o abusos, situación que afecta directamente a quienes buscan justicia.
“En el Chapare, la situación es alarmante. No se puede entrar ni salir a voluntad. He traído documentos y nombres de cinco familias que han sido impedidas de salir para presentar sus denuncias. Esto no es invención”, enfatizó Herrera, mostrando preocupación por la situación en la región.
Exigen intervención estatal
La directora también pidió que el gobierno intervenga para garantizar que la justicia actúe de manera imparcial y en beneficio de las víctimas. Herrera criticó la falta de presencia estatal y el riesgo de que estos casos se queden impunes, en especial considerando la supuesta intervención de figuras poderosas en la región del Chapare.
“Es fundamental que el Estado garantice la seguridad de quienes buscan justicia y no permita que las familias vivan bajo amenaza en su propio país”, concluyó.
Estas nuevas acusaciones y denuncias por bloqueos plantean interrogantes sobre el estado de derecho y la autonomía de las instituciones en Bolivia. La respuesta de las autoridades y las acciones que se tomen en los próximos días serán determinantes para establecer el rumbo que tomarán estos casos y la situación en el Chapare.
IL/Andina
