La legisladora advierte una posible interferencia judicial promovida por actores vinculados a los magistrados autoprorrogados y critica el rol del Órgano Electoral y el Ministerio de Gobierno.
Acción popular que apunta a inhabilitar candidatos genera alarma
La senadora Silvia Salame expresó su preocupación por la admisión de una acción popular que busca inhabilitar a candidatos que han ejercido más de dos periodos legislativos. Según advirtió, esta medida podría ser utilizada para impedir la participación de presidenciables en los comicios generales próximos, por lo que consideró que el proceso electoral se encuentra actualmente “en vilo”.
“Esta acción nunca debió haberse admitido porque no defiende derechos colectivos ni difusos. Lo que se pretende en realidad es perjudicar a los candidatos presidenciales”, sostuvo Salame.
La parlamentaria cuestionó la validez del recurso legal y afirmó que ya existen antecedentes similares que fueron rechazados en el pasado.
Denuncia de interferencia desde el Beni
Salame señaló que la mayoría de los recursos que han paralizado procesos electorales en el país fueron presentados en el departamento del Beni, al que considera como centro de operaciones de los magistrados autoprorrogados.
“El 95% de los recursos que han frenado elecciones se han presentado en Beni y, por gran casualidad, todos fueron conocidos por el mismo vocal”, denunció.
La senadora subrayó que el Órgano Electoral tiene sede en La Paz y que, por tanto, no corresponde que este tipo de acciones sean tramitadas en otro distrito, salvo que existan «componendas y tentáculos» de sectores interesados en entorpecer el proceso democrático.
Desconfianza en los compromisos institucionales
Consultada sobre el compromiso interinstitucional anunciado entre el Órgano Electoral, Ejecutivo, Legislativo y el Tribunal Supremo de Justicia para garantizar las elecciones, Salame fue contundente:
“¿Usted cree en esos compromisos? Yo no. La prueba está en el fracaso de las elecciones judiciales, que fueron saboteadas por los autoprorrogados”, afirmó.
La legisladora insistió en que existe una “mano negra” que busca manipular la justicia constitucional y obstaculizar el desarrollo de los comicios.
El caso Ruth Nina: ausencia del Estado y advertencias
Durante la entrevista, Salame también se refirió a la situación de Ruth Nina, activista vinculada al Chapare, quien enfrenta una orden de aprehensión por incitación a cometer delitos y no se presentó ante la justicia.
“Si no se presenta el viernes, tiene que ser aprehendida. Aunque dudo que lo hagan en el Chapare. En Bolivia hay una ausencia de Estado y el Ministerio de Gobierno evalúa si le conviene actuar o no”, criticó.
Al respecto, la senadora remarcó que toda persona debe asumir la responsabilidad por sus declaraciones y enfrentar a la justicia de manera transparente, recordando que incluso ella, como autoridad, asume las consecuencias de sus propias afirmaciones.
Elecciones en riesgo mientras se define la legalidad
Para la senadora, mientras no se resuelvan los recursos judiciales admitidos en Beni, el panorama electoral permanece incierto. Afirmó que estas acciones son impulsadas por sectores que “no quieren elecciones” y alertó sobre el uso de la justicia como herramienta política para perpetuar el poder.
“Estamos en vilo. Las elecciones dependen ahora de lo que decidan jueces que responden a intereses oscuros”, concluyó.
IL/Andina
