La Cámara de Senadores aprobó una resolución camaral para iniciar un proceso penal contra los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional que extendieron su mandato de forma irregular. El senador del Movimiento al Socialismo (MAS), ala evista, William Torrez, calificó la decisión de estos exmagistrados como un acto de «prevaricato» y anunció que en los próximos días se interpondrá una acción penal.
Torrez: «Esto no es un juicio de responsabilidades, es un proceso penal»
El senador William Torrez expresó su firme rechazo a la actuación de los magistrados y señaló que el proceso no se enmarcará en un juicio de responsabilidades, sino en un juicio penal ordinario.
«Estos funestos exmagistrados no se separaron y fallaron para sí y en favor de sí, y eso no es posible. Eso se llama prevaricato. Han emitido resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes», sostuvo Torrez.
Además, el legislador denunció que los exmagistrados actuaron en colusión con el Gobierno de Luis Arce, lo que, según su criterio, agrava la falta y constituye una «asociación criminal».
Decisión del Senado y próximos pasos
La resolución camaral aprobada en la víspera instruye la presentación de una acción penal contra los exmagistrados. Según Torrez, este proceso podría iniciarse en los próximos días o incluso en las próximas horas.
«Esta resolución se ha aprobado, de modo que en estos siguientes días u horas debe interponerse una acción penal en contra de estos funestos personajes», afirmó el senador.
El conflicto por la permanencia de los magistrados autoprorrogados ha generado una crisis institucional en el Órgano Judicial, con múltiples cuestionamientos desde distintos sectores políticos y de la sociedad civil. La oposición evista dentro del MAS ha sido una de las más críticas con la continuidad de estos magistrados, insistiendo en la necesidad de renovar el sistema judicial y garantizar la independencia de los poderes del Estado.
Contexto del caso
Los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional permanecieron en sus cargos a pesar de que su mandato había concluido, argumentando la necesidad de evitar un vacío de poder debido a la falta de nuevas elecciones judiciales. Sin embargo, esta decisión ha sido duramente criticada por sectores políticos que consideran que su permanencia carece de legalidad.
Con la aprobación de esta resolución, se abre un nuevo capítulo en la pugna por la reestructuración del Órgano Judicial en Bolivia, mientras se espera la respuesta de los exmagistrados y las acciones legales que se tomarán en su contra.
JP/Andina
