La norma establece sanciones para funcionarios que nieguen información y contempla excepciones por seguridad del Estado.
La Cámara de Senadores da un paso importante hacia la transparencia
En un avance significativo para el acceso a la información pública en Bolivia, la Cámara de Senadores aprobó y remitió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que obliga a los funcionarios públicos a proporcionar información a cualquier ciudadano o periodista, salvo en casos relacionados con la seguridad del Estado. La senadora Silvia Salame, de Comunidad Ciudadana (CC), brindó detalles sobre la importancia de esta normativa que, según ella, emergió de la sociedad civil y busca consolidar un derecho fundamental para la población.
“La ley obliga a cualquier funcionario a dar información, salvo en casos de seguridad del Estado. Aquel funcionario que niegue la información podría ser destituido de su cargo”, informó Salame, subrayando la trascendencia de esta medida en la lucha por la transparencia en la administración pública.
Sanciones para quienes nieguen información
Uno de los aspectos más relevantes de este proyecto de ley es la incorporación de sanciones para los funcionarios públicos que no cumplan con su obligación de proporcionar información. Según la senadora, aquellos empleados que nieguen injustificadamente el acceso a datos públicos podrán ser destituidos de sus cargos. Además, la ley establece la creación de una comisión encargada de revisar las quejas, presidida por el Defensor del Pueblo.
“Es importante que los periodistas y ciudadanos puedan ejercer su derecho de acceso a la información en mejores condiciones”, enfatizó la legisladora.
Excepciones por seguridad del Estado: Un marco regulado por ley
La senadora Salame también detalló las excepciones previstas en la norma. La información podrá ser considerada reservada o confidencial únicamente en casos de seguridad del Estado, pero siempre bajo una declaración previa de ley. Esto, explicó Salame, garantiza que no sea una decisión subjetiva o arbitraria de una autoridad.
“No es subjetivo ni a capricho de la autoridad. Si la información es considerada confidencial, debe haberse declarado previamente a través de una ley”, destacó la senadora.
El proyecto, un paso hacia una Bolivia más transparente
Con la aprobación de este proyecto, Bolivia se encamina hacia un mayor acceso a la información pública, lo que fortalecerá los mecanismos de control ciudadano y periodístico sobre la gestión del Estado. El siguiente paso será la revisión y posible aprobación de la ley en la Cámara de Diputados, lo que marcaría un hito en la garantía de derechos fundamentales para los bolivianos.
“Este proyecto de ley va a constituir una garantía para que ustedes (periodistas) puedan ejercer su profesión en mejores condiciones.”
“El Estado solo podrá considerar reservada una información si previamente se ha declarado a través de una ley, no a capricho de la autoridad.”
Con la implementación de esta ley, Bolivia podría mejorar considerablemente en términos de transparencia y acceso a la información pública, temas esenciales para el fortalecimiento de su democracia.
JP/Andina
