El viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero, alertó sobre el bloqueo en la Asamblea Legislativa Plurinacional a un crédito destinado a la culminación del proceso de saneamiento de tierras en el país. Según la autoridad, esta situación pone en riesgo la seguridad jurídica de productores, campesinos e indígenas que dependen de la regularización de sus terrenos para el desarrollo agrícola.
Un proceso paralizado por el bloqueo legislativo
Durante su declaración, Guerrero detalló que el saneamiento de tierras ha alcanzado un 94% de ejecución a nivel nacional, con algunos departamentos donde el proceso ya concluyó. Sin embargo, Santa Cruz y La Paz continúan con una significativa cantidad de terrenos pendientes de regularización.
«Lamentablemente, la Asamblea Legislativa ha bloqueado este crédito del BID, impidiendo que se culmine el 6% restante del saneamiento de tierras. Este financiamiento es fundamental, no para el Gobierno ni para el ministro, sino para los productores, campesinos y comunidades indígenas», explicó Guerrero.
El viceministro también informó que recientemente se volvió a presentar la solicitud de crédito ante la Asamblea, logrando su aprobación en comisión. No obstante, aún se espera la ratificación en el plenario.
Pronunciamiento de la CAO y denuncias de avasallamiento
En relación con la seguridad jurídica de la tierra, Guerrero mencionó que la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) emitió un pronunciamiento pidiendo mayores acciones contra el avasallamiento de tierras.
«Conocemos el pronunciamiento de la CAO, pero es necesario que las denuncias se presenten de manera formal, identificando predios y afectados para actuar de inmediato», indicó el viceministro.
Aseguró que existe una coordinación con los productores para atender estas problemáticas y aplicar las sanciones correspondientes contra quienes cometan irregularidades.
Penas de hasta ocho años por avasallamiento
Sobre las sanciones legales, Guerrero recordó que la legislación vigente contempla penas de hasta ocho años de cárcel para quienes cometan avasallamiento de tierras.
«La ley establece una pena de hasta ocho años por avasallamiento. Sin embargo, si existen agravantes como el uso de armas o violencia, los delitos podrían tipificarse bajo otras categorías penales con sanciones más severas», advirtió.
El viceministro reiteró el compromiso del Gobierno para garantizar la seguridad jurídica en el sector agrícola y urgía a la Asamblea Legislativa a destrabar la aprobación del crédito para completar el saneamiento de tierras en Bolivia.
JR/Andina
