Marcelo Montenegro afirmó que la Ley 1386 contenía estándares internacionales y fue distorsionada por intereses políticos.
Montenegro: “Sin técnicas especiales de investigación, el país no es considerado serio en la lucha contra delitos financieros”
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, defendió este miércoles la fallida Ley 1386 y el proyecto de Ley 218 —ambos referidos a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas—, asegurando que contenían normas alineadas con estándares internacionales y que su rechazo fue producto de una “campaña de desinformación” liderada por la oposición.
Durante una conferencia de prensa, Montenegro aseguró que el objetivo de la norma era incorporar al ordenamiento jurídico boliviano herramientas técnicas esenciales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
“Si en una norma con rango de ley no están incluidas estas técnicas especiales de investigación, el país no es considerado serio en esta lucha”, afirmó.
Ley 1386: promulgada, socializada y luego abrogada
El ministro recordó que la Ley 1386 fue sancionada por el Senado y promulgada por el presidente Luis Arce el 16 de agosto de 2021. La norma contemplaba “todo el sistema de técnicas de investigación básicas y esenciales” exigidas por organismos internacionales.
Montenegro indicó que el gobierno hizo un esfuerzo por explicar el alcance de la ley a diferentes sectores sociales. Mencionó talleres y socializaciones realizados en Cochabamba y El Alto con gremiales, comerciantes minoristas, vivanderos y artesanos.
“No se perseguía al pequeño gremial, como hicieron creer algunos malos asambleístas de la coalición opositora”, subrayó.
Sin embargo, a partir del 11 de octubre de 2021 comenzaron a manifestarse protestas en varias ciudades del país, impulsadas por sectores empresariales, religiosos y políticos. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, por ejemplo, pidió suspender el tratamiento de la ley.
El proyecto de Ley 218 también fue rechazado
Montenegro también hizo referencia a la Ley 218, explicada el 16 de septiembre de 2021 en la Cámara de Diputados, donde fue aprobada tras más de 12 horas de debate. El proyecto, que reforzaba los mecanismos contra las ganancias ilícitas, no llegó a ser tratado en el Senado debido a las tensiones sociales generadas.
“La oposición transmitió miedo infundado a los pequeños comerciantes, generando una agitación social que impidió la consolidación de esta normativa”, lamentó.
Acusaciones directas a la oposición
En su exposición, el ministro fue enfático al responsabilizar a actores políticos de la oposición por lo que considera una estrategia de boicot. Mostró titulares y capturas de redes sociales que —según él— evidencian el papel de estos sectores en el rechazo a la ley.
Mencionó a figuras como la senadora Centa Rek y a “opositores que hoy muestran las garras”, quienes también se habrían opuesto en 2023 a la reposición del proyecto.
“El país se quedó sin una herramienta legal crucial por culpa de una narrativa que apeló al miedo y no al contenido real de la ley”, concluyó Montenegro.
La Ley 1386 fue finalmente abrogada el 17 de noviembre de 2021 tras las movilizaciones sociales que paralizaron gran parte del país. El gobierno, presionado por las protestas, decidió retirar la normativa con el argumento de pacificar el país. Sin embargo, la controversia persiste, y desde el oficialismo se insiste en que fue una oportunidad perdida en la lucha contra delitos financieros.
JR/Andina
