El diputado de Comunidad Ciudadana denunció presuntas irregularidades en el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado 2025, señalando graves riesgos para las reservas internacionales y el manejo de los fondos de la Gestora Pública.
Artículos bajo la lupa: denuncias sobre endeudamiento y manejo de reservas
Miguel Roca, diputado por Comunidad Ciudadana (C.C.), expresó fuertes críticas al proyecto de ley del Presupuesto General del Estado 2025 (PGE), advirtiendo que contiene disposiciones que podrían comprometer gravemente la estabilidad financiera del país y la transparencia en el uso de los recursos públicos.
«Ese artículo que dice que el Banco Central puede disponer de las reservas de oro, o el que permite al gobierno ir a prestarse $3.000 millones y garantizar otros $1.000 millones sin pasar por la Asamblea, son inaceptables», afirmó Roca.
El legislador también rechazó la propuesta de que el Banco Central de Bolivia (BCB) actúe como agente financiero del gobierno, permitiéndole realizar operaciones crediticias sin la supervisión del Legislativo.
Gestora Pública: acusaciones de “manoseo político”
Uno de los puntos más críticos del discurso de Roca fue el manejo de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo. El diputado denunció que la gestión de este organismo está sujeta a designaciones políticas que, según él, ponen en riesgo los fondos de jubilación de los bolivianos.
«La mayor amenaza para el sistema de jubilaciones es el manoseo político que hace el gerente de la Gestora, enviándole nuestros fondos al gobierno a 40 o 50 años, con tasas de interés negativas», sostuvo el legislador.
Roca explicó que, en un artículo transitorio de una ley anterior, se había cambiado la forma de designar a las autoridades de la Gestora, eliminando la participación del Parlamento. Ahora, esta disposición transitoria se pretende convertir en permanente a través del PGE 2025.
Denuncia de “contrabando legislativo”
El diputado fue aún más lejos al acusar al gobierno de incluir más de 200 artículos «de contrabando» en el proyecto del PGE. Según Roca, estas disposiciones, inicialmente temporales, buscan ser incorporadas como permanentes en la Ley 2042 de Administración Presupuestaria, una normativa vigente desde 1999.
«Todos los contrabandos de estos 18 años que tenían que vigentarse año a año, ahora quieren hacerlos permanentes. Entre ellos, está cómo se nombra a las autoridades de la Gestora», aseveró.
Roca calificó esta práctica como un intento de consolidar mecanismos que permiten al Ejecutivo manejar recursos sin control legislativo.
Preocupación por la estabilidad financiera
El diputado advirtió que estas modificaciones representan una amenaza no solo para los fondos de jubilación, sino también para la economía del país en general. La posibilidad de que el Banco Central disponga de las reservas de oro y que el gobierno contraiga deudas sin autorización parlamentaria son, según él, señales alarmantes de una gestión irresponsable.
«No podemos aprobar esta ley financiera como está. Necesitamos eliminar esos artículos que comprometen la transparencia y la sostenibilidad de nuestras finanzas», concluyó.
Debate en puertas
El proyecto de ley del Presupuesto General del Estado 2025 promete generar tensos debates en el Legislativo, donde la oposición buscará frenar las disposiciones observadas. La población, especialmente los jubilados, sigue con atención esta discusión, preocupada por el futuro de sus ahorros y la estabilidad económica del país.
JP/Andina
