El exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico es trasladado para enfrentar acusaciones de narcotráfico en una corte norteamericana.
Traslado bajo estricta vigilancia
En una jornada marcada por la expectativa, el exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Maximiliano Dávila, fue trasladado desde el penal de San Pedro, en La Paz, hasta el aeropuerto internacional de El Alto. El operativo se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad, y Dávila abordó un avión con destino a Estados Unidos, haciendo escala en Perú.
El traslado fue confirmado por Virginia Ugarte, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), quien manifestó que el acusado debe «rendir cuentas ante la justicia norteamericana» por los cargos de narcotráfico que enfrenta.
Demandas de justicia y transparencia
Desde El Alto, Ugarte destacó la importancia de que los procesos judiciales sean transparentes y objetivos. “Tiene que rendir cuentas conforme a las normas que se tienen en cada país. La justicia debe determinar con objetividad y transparencia”, expresó la dirigente, quien también reiteró su exigencia de que otros casos pendientes, como el del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, sean tratados con la misma rigurosidad.
El impacto del caso Dávila
Maximiliano Dávila, conocido por su rol en la lucha contra el narcotráfico, enfrenta acusaciones graves que lo vinculan con actividades ilícitas de tráfico de drogas. Su extradición marca un hito en la cooperación judicial entre Bolivia y Estados Unidos, mientras que organizaciones sociales y ciudadanos permanecen atentos al desarrollo del caso.
“Está en la justicia para poder determinar. Lo importante es que se investigue siempre con objetividad”, enfatizó Ugarte en declaraciones a los medios.
Un precedente para otros casos
La extradición de Dávila revive el debate sobre otros procesos pendientes de figuras políticas bolivianas en el extranjero. Según Ugarte, esto debería ser un precedente para casos como el de Gonzalo Sánchez de Lozada, cuya extradición aún es un tema sin resolver.
La ciudadanía, especialmente en El Alto, espera que la justicia actúe de manera imparcial y envíe un mensaje claro sobre la rendición de cuentas ante delitos graves.
EC/Andina