En una entrevista para Andina, el Diputado Alejandro Reyes de Comunidad Ciudadana arroja luz sobre la preocupante situación de las reservas hidrocarburíferas en Bolivia y su impacto en la economía nacional.
El diputado comienza destacando la existencia de certificaciones de reservas para los años 2022 y 2023, pero subraya la falta de transparencia en la divulgación de estos datos por parte del Ministerio de Hidrocarburos. Según Reyes, las certificaciones están siendo ocultadas, lo que genera incertidumbre sobre la verdadera situación de los yacimientos de gas en el país.
Expertos han señalado que las reservas probadas de gas se estiman alrededor de dos TCF (trillones de pies cúbicos), lo que equivale a solo dos años de suministro. Esto plantea una crisis inminente, ya que Bolivia consume y exporta aproximadamente un TCF por año. El diputado advierte que, de no tomarse medidas urgentes, Bolivia se quedará sin gas para el año 2025, lo que tendría consecuencias devastadoras para la economía nacional.
Reyes culpa al gobierno actual, liderado por Luis Arce Catacora, por no haber encontrado nuevas reservas de gas durante más de 18 años, lo que ha dejado al país sin un sustituto viable para las exportaciones de gas. Esta situación ha llevado a una grave crisis económica, política, social y energética.
En cuanto al efecto de esta crisis, el diputado advierte que Bolivia podría convertirse en importador de gas a partir de 2025, lo que representaría un giro dramático para un país que alguna vez fue considerado la «Arabia Saudita de Latinoamérica» por sus vastas reservas de gas. Además, la dependencia del gas como principal fuente de energía plantea desafíos adicionales, ya que aproximadamente el 70% de la energía eléctrica del país proviene de esta fuente.
Reyes también señala que Bolivia corre el riesgo de ser excluido del mercado del gas en América, ya que países vecinos como Paraguay están considerando la construcción de un gasoducto directo entre Argentina y Brasil, prescindiendo de Bolivia como intermediario.
En cuanto a las posibles soluciones, el diputado destaca la necesidad de inversiones en exploración y la creación de una normativa que brinde seguridad jurídica a las empresas internacionales. Sin embargo, advierte que el actual gobierno carece de la capacidad política y legislativa para implementar estas medidas de manera efectiva.
IL/Andina
