Jorge Silva, viceministro de Defensa del Consumidor, destaca medidas para reducir el costo de alimentos y critica el aumento injustificado en pasajes del transporte público.
Precios justos en alimentos: el Estado no lucra, asegura Silva
En una reciente declaración a los medios de comunicación, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, confirmó que el Gobierno está tomando acciones para garantizar una reducción en los precios de productos esenciales de la canasta familiar, como la carne y el aceite. Silva enfatizó que, al no tener intermediarios, el Estado puede ofrecer estos productos a precios más bajos, lo que beneficia directamente a los consumidores.
«Se garantiza que llegue el producto y como nosotros no somos intermediarios, el precio va a bajar. Porque una cosa es comprar el pollo en Bs. 14.40 en Santa Cruz y que aquí lo venden en Bs. 18.50, porque tiene que ganar el mayorista, el intermediario, el detallista», señaló Silva. Según explicó, el costo del pollo en La Paz será de aproximadamente Bs. 16, tomando en cuenta los costos de transporte desde Santa Cruz, lo cual representa una disminución significativa.
La carne es otro producto que se verá beneficiado por esta medida. El kilo gancho, que en San Borja cuesta Bs. 20 y en Santa Cruz Bs. 24, también tendrá una reducción en su precio final para el consumidor. “Nosotros no lucramos, sino vendemos a precio justo”, aseguró el viceministro, destacando el papel del Estado en la protección de la economía familiar.
Aumento de tarifas de transporte bajo la lupa
El tema del transporte público fue otro punto clave abordado por Silva, quien manifestó su preocupación por las quejas recibidas sobre el incremento de tarifas en diversas regiones del país. Atribuyendo este problema a la falta de control por parte de las autoridades locales y departamentales, Silva hizo un llamado a la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) y a los municipios para que tomen cartas en el asunto.
«Varias quejas ya de que el taxista que cobraba 10 ahora cobra 15. Yo he estado en el aeropuerto este fin de semana y con el pretexto de que no hay gasolina solamente te llevaban hasta la Ceja. ¿Dónde está el control de las autoridades correspondientes?», cuestionó Silva, subrayando la necesidad de sancionar a aquellas empresas que estén incrementando los precios de manera arbitraria.
El impacto del aumento en insumos de transporte
El viceministro también reconoció que el sector del transporte enfrenta dificultades debido al alza en los precios de insumos importados, como las llantas y los repuestos, cuyos costos han subido hasta un 200%. Sin embargo, Silva dejó claro que esta situación no justifica que los transportistas incrementen las tarifas sin un estudio técnico que respalde tal medida.
“Los lubricantes, que no fabricamos en Bolivia, han subido de precio, pero no alegremente, bajo ese pretexto, puedes incrementar la tarifa a tu gusto”, puntualizó Silva. El funcionario recalcó que cualquier ajuste en las tarifas debe realizarse dentro del marco legal, a través de estudios técnicos y con la autorización de las autoridades competentes. «Nadie toma la determinación y desde hoy día yo cobro tanto», enfatizó.
Mesa técnica para el análisis de tarifas
Silva destacó la importancia de abrir un debate en una mesa técnica para evaluar la posibilidad de ajustar las tarifas del transporte público. Afirmó que la ley establece claramente que las tarifas deben ser reguladas por las entidades autonómicas y en función de estudios técnicos que consideren la realidad económica y los costos que enfrentan los transportistas.
Finalmente, reiteró que cualquier modificación en las tarifas debe estar en consonancia con la política nacional de transporte integral, para garantizar que el ajuste sea justo tanto para los transportistas como para los usuarios. «Es cierto que los insumos han subido, pero eso no significa que se pueda cobrar lo que se quiera», concluyó Silva.
Con estas declaraciones, el Gobierno reafirma su compromiso en la defensa de los derechos de los consumidores, tanto en el acceso a productos básicos a precios justos como en el control de tarifas de transporte, evitando abusos que perjudiquen a la población.
JR/Andina
