El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, anunció que la comisión de fiscales de La Paz ha imputado formalmente a los dirigentes Humberto Claros y Ramiro Cucho, quienes enfrentan cargos por delitos como terrorismo e instigación pública a delinquir. La audiencia de medidas cautelares definirá su situación jurídica.


Investigación en curso

Mariaca explicó que la investigación está siendo llevada adelante por una comisión de fiscales conformada en La Paz, la cual actúa en coordinación con la Policía. Según el fiscal, la investigación busca ser exhaustiva y respetuosa de los derechos y garantías constitucionales.

“Estamos trabajando con responsabilidad y objetividad, respetando los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado”, aseguró Mariaca.

Delitos y mandatos judiciales

Los dirigentes evistas enfrentan acusaciones por delitos graves, entre ellos:

  • Terrorismo
  • Instigación pública a delinquir

El Fiscal General indicó que la comisión de fiscales ha emitido resoluciones de aprehensión y otros mandamientos judiciales necesarios para avanzar en las investigaciones.

“Ya se ha cumplido con los mandamientos de aprehensión, y se espera que el juez cautelar resuelva la situación jurídica de los imputados,” agregó.

Expectativa por las medidas cautelares

Mariaca informó que en las próximas horas se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares, donde se definirá si los imputados enfrentan el proceso en libertad o bajo detención preventiva.

Además, señaló que podrían emitirse nuevas resoluciones de aprehensión conforme avance la investigación.


Análisis jurídico y político

Este caso ha generado reacciones en diferentes sectores, pues involucra a figuras vinculadas al Movimiento Al Socialismo (MAS). Las autoridades reiteran su compromiso con una investigación imparcial y ajustada a la ley.

El Ministerio Público subraya que está cumpliendo con su deber de investigar todos los hechos denunciados sin intenciones de perjudicar a ninguna de las partes.


La detención de los dirigentes se da en un ambiente político tenso, donde diversos sectores exigen transparencia y justicia en los procesos legales.

JP/Andina