La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, ha realizado una grave denuncia en la que señala al Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, por haber ordenado dejar sin efecto un mandamiento de aprehensión emitido en contra del expresidente Evo Morales. El caso, que involucra delitos de trata y tráfico de personas y estupro, ha sido paralizado, según Gutiérrez, por «órdenes del jefazo», refiriéndose a Lanchipa. Esta acción ha generado indignación en la fiscal, quien no solo señala una persecución en su contra, sino que también denuncia la protección a Morales por parte de las autoridades judiciales.
Orden de aprehensión suspendida por instrucciones de Lanchipa
En declaraciones públicas, Gutiérrez reveló que, tras emitir un mandamiento de aprehensión contra Morales y otras personas implicadas en el caso, recibió una llamada del Fiscal General solicitándole que en 20 minutos presentara su renuncia. «No lo hice», aseguró la fiscal, lo que desencadenó que no se le permitiera siquiera ingresar a su oficina al llegar al Ministerio Público. «Nos trataron como delincuentes», denunció la autoridad, afirmando que dos de los tres fiscales que investigaban el caso también fueron obligados a dejar sus cargos de forma abrupta.
«Habiendo un montón de directrices, teníamos un mandamiento de aprehensión contra el señor Juan Evo Morales Ayma y otras personas, pero lo han dejado sin efecto», señaló Gutiérrez.
Denuncia de persecución y favores políticos
La fiscal Gutiérrez fue enfática al describir lo sucedido como una persecución en su contra, subrayando el favoritismo mostrado hacia el expresidente Morales. Afirmó que este es un claro ejemplo de la falta de imparcialidad y la injerencia política en el sistema judicial del país. «Aquí hay favoritismos para unas personas y para otras no», agregó, refiriéndose a la actitud de las autoridades que, según ella, han intervenido en el caso para proteger al exmandatario.
La fiscal también anunció que elevará esta denuncia ante instancias internacionales, acusando a Lanchipa de traicionar los principios de justicia que juró defender al asumir su cargo.
El pedido de renuncia y la manipulación judicial
La decisión de Lanchipa de pedir la renuncia de Gutiérrez y otros fiscales de la comisión que investigaba el caso contra Morales ha generado preocupación sobre la transparencia y legalidad de las actuaciones judiciales en el país. Gutiérrez aseguró que, a pesar de las órdenes directas del Fiscal General para detener la investigación, continuará buscando justicia y exponiendo la manipulación del sistema legal en favor de ciertos sectores políticos.
«Esto es una persecución, y lo denuncio públicamente, así como lo haré ante la comunidad internacional», sentenció la fiscal tarijeña, destacando la gravedad de los hechos y la importancia de que la justicia sea aplicada de manera imparcial.
¿Qué sigue para el caso Morales?
La intervención del Fiscal General y la suspensión de los mandamientos de aprehensión en el caso de trata y tráfico de personas han dejado en suspenso el curso de esta investigación. No obstante, Gutiérrez y otros actores dentro del Ministerio Público podrían recurrir a instancias superiores para buscar la continuación del proceso judicial contra Morales. Mientras tanto, el clima de tensión política y judicial en el país se intensifica, con crecientes cuestionamientos sobre la independencia del poder judicial y la posible utilización de las instituciones del Estado para proteger intereses políticos.
- «Aquí hay favoritismos para unas personas y para otras no.»
- «Nos trataron como delincuentes.»
La denuncia de Sandra Gutiérrez pone nuevamente en el ojo del huracán la independencia judicial en Bolivia, en un momento en que las decisiones del Ministerio Público están siendo altamente cuestionadas por su posible subordinación a intereses políticos. Las repercusiones de este caso podrían tener un impacto considerable en la imagen del sistema de justicia boliviano a nivel internacional.
JP/Andina
