Alfredo Chávez, representante de los extrabajadores de SABSA, denuncia presuntos actos de corrupción y la negligencia del Gobierno para pagar finiquitos que suman 55 millones de bolivianos.
Una lucha que lleva más de una década
En un acto de protesta realizado en el centro de La Paz, los extrabajadores de SABSA, encabezados por su dirigente Alfredo Chávez, demandaron al Gobierno el cumplimiento de una sentencia constitucional que ordena el pago de sus finiquitos. Según Chávez, esta deuda asciende a 55 millones de bolivianos y afecta a cerca de 400 trabajadores y sus familias.
“Son 13 años de peregrinaje en procesos judiciales. Desde 2011 iniciamos esta lucha contra Abertis por nivelación salarial, y en 2015 obtuvimos un fallo favorable. Sin embargo, el Gobierno interpuso múltiples recursos para retrasar el cumplimiento, y ahora que la sentencia es definitiva, se hacen los desentendidos”, declaró Chávez.
Corrupción y negligencia gubernamental
El dirigente señaló que existen indicios de corrupción en la administración de los recursos relacionados con la nacionalización de SABSA. “El decreto supremo de nacionalización establece que los pasivos laborales debían ser cubiertos con el paquete accionario adquirido. Sin embargo, esos 55 millones de bolivianos no aparecen, pese a que el gobierno de Evo Morales, con Lucho Arce como ministro de Economía, manejó esos fondos”, denunció Chávez.
Además, destacó que el incumplimiento de una sentencia constitucional es un grave atropello al Estado de Derecho. “¿Cómo el presidente y el ministro de Obras Públicas pueden ignorar una sentencia constitucional? ¿En qué país estamos?”, cuestionó indignado.
La sentencia que no se cumple
Chávez explicó que en octubre se emitió una sentencia constitucional que ratifica el derecho de los extrabajadores al pago de sus finiquitos y rechaza todos los recursos presentados por el Gobierno en diferentes instancias judiciales. Pese a ello, las autoridades han evadido su responsabilidad.
“La sentencia es clara y debe ser cumplida. Incluso el juez de Yapacaní, Marcelo Cortés, emitió un mandato de ejecución hace un año, pero seguimos sin respuestas”, afirmó.
El impacto en cientos de familias
La deuda afecta directamente a 400 familias que, según Chávez, enfrentan una situación económica precaria. “Este dinero no solo representa nuestros derechos laborales, sino también la estabilidad de nuestras familias. Es inaceptable que el Gobierno se excuse diciendo que no hay recursos cuando estos fueron contemplados en el proceso de nacionalización”, sentenció.
Un llamado a la acción
Los extrabajadores de SABSA han anunciado que continuarán con medidas de presión hasta que el Gobierno cumpla con la sentencia. “No pedimos nada más que justicia. Es nuestro derecho y lo vamos a defender hasta el final”, concluyó Chávez.
El caso pone nuevamente en evidencia las tensiones entre las decisiones judiciales y su ejecución por parte del Gobierno, así como la lucha de los trabajadores por el respeto de sus derechos laborales en Bolivia.
JR/Andina
