La reciente resolución de la Sala Constitucional de La Paz determinó la prohibición de cualquier tipo de bloqueo de carreteras en el país, luego de la presentación de una acción popular interpuesta por el exdiputado Amílcar Barral. En sus declaraciones, Barral enfatizó que los dirigentes y participantes de la marcha afín al expresidente Evo Morales deben asumir su responsabilidad ante la prohibición.
Resolución que impide bloqueos
Amílcar Barral informó que la acción popular que interpuso contra la marcha de sectores afines a Evo Morales fue aceptada, constituyéndose así en un delito el bloqueo de vías en el país. Esta resolución, según el exdiputado, abre las puertas para que las autoridades detengan a los responsables de estos bloqueos.
“Entendemos que Evo Morales se ha enterado sobre ese tema y con eso el ministerio tenía carta blanca para poder detenerlo”, declaró Barral, aludiendo a que el gobierno tenía una justificación legal para actuar. Según él, la prohibición busca evitar la intransitabilidad de la población, y aquellos que encabezan la marcha deben ser detenidos y procesados.
Dirigentes de la marcha deben asumir consecuencias
El exdiputado señaló que no solo Evo Morales debe ser detenido, sino también otros líderes de la movilización. “El Ministerio de Gobierno, no solamente a Evo Morales, a David Mamani, a todos los que están encabezando todo esto, tienen que detenerlos y encarcelarlos como tiene que ser, porque la resolución dice generar la intransitabilidad de la gente”, insistió Barral, aludiendo a las responsabilidades legales que enfrentan quienes organizan bloqueos.
Barral subrayó que los bloqueos no solo implican detenerse en una vía, sino también impedir el paso de la gente y de los vehículos, generando dificultades para la libre circulación. El exdiputado sugirió que las marchas podrían realizarse sin afectar las rutas, como ocurre en otros países, señalando que “sería otra cosa como hacen ahora en Argentina, por ejemplo, pueden marchar pero por las veredas, por las aceras o por el costado, pero no perjudicando a la gente”.
Contexto de la acción popular
La acción popular presentada por Barral se da en un contexto de creciente tensión política y social en Bolivia, especialmente tras el anuncio de la marcha organizada por sectores afines al expresidente Evo Morales rumbo a la ciudad de La Paz. La determinación de la Sala Constitucional surge en medio de un clima de preocupación por las implicaciones que estos bloqueos generan en la economía y la vida cotidiana de los ciudadanos.
El exdiputado también dejó entrever que el expresidente Morales, al conocer la resolución judicial, habría reconsiderado las acciones de la marcha. “Estamos seguros que esta mañana Evo Morales se ha enterado sobre este recurso y esta resolución que ha salido esta mañana mucho antes y bueno, a decir mejor nos iremos a resguardar a que sigamos en una marcha”, expresó Barral.
Esta resolución judicial refuerza la normativa constitucional que protege el derecho a la libre circulación en el país y, a su vez, obliga a los dirigentes de la movilización a reconsiderar las medidas de presión que puedan afectar la vida de los bolivianos.
JP/Andina
