Domingo Ramos exige justicia ante bloqueos y acusa al gobierno de complicidad
La Paz — El transporte pesado internacional, representado por Hugo Domingo Ramos, se ha declarado en estado de emergencia frente a los constantes bloqueos en el Chapare, en Cochabamba, liderados por sectores afines al Movimiento al Socialismo (MAS). Según Ramos, estas acciones no solo afectan la estabilidad económica del sector, sino que también vulneran derechos constitucionales fundamentales, como la libre circulación y la seguridad de los transportistas y ciudadanos en general.
«No somos rehenes de conflictos internos»
Ramos fue claro en sus declaraciones: el transporte pesado no está dispuesto a ser víctima de disputas políticas internas en el MAS. «Nosotros no tenemos la culpa de la pelea interna del Movimiento al Socialismo. Decirle al señor Evo Morales y a todos los acólitos: el sector del transporte pesado siempre ha coadyuvado al Estado boliviano con sus impuestos en esos 14 años de su gobierno y hoy no podemos ser presa ni cautivo de esos señores del Chapare», manifestó con firmeza.
El representante anunció que el sector ha interpuesto una acción popular y un recurso de libertad contra el expresidente Evo Morales, el dirigente cocalero Leonardo Loza y otros autores intelectuales de los bloqueos que afectan a todo el transporte en Cochabamba. La intención es que la justicia actúe y garantice la libre transitabilidad en el país.
Ultimátum al gobierno: «Si no actúan, dejaremos de pagar impuestos y peajes»
Ramos advirtió que, si la justicia no responde a las demandas del transporte pesado, el sector tomará medidas drásticas. «Si la justicia boliviana no actúa según las peticiones del transporte pesado, el sector se declarará en quiebra y no pagará peajes ni impuestos nacionales por un mes. Las deudas bancarias deberán ser cargadas a estos señores que han perjudicado al transporte pesado», aseguró.
El líder también exigió al gobierno central que cumpla la Constitución Política del Estado, que establece la libre circulación y la seguridad ciudadana. «Pedimos solamente el cumplimiento de la Constitución. El gobierno debe garantizar la libre locomoción y la seguridad para cada ciudadano boliviano», reiteró.
Transporte pesado solicita estado de sitio y presencia militar
Ante la persistente inacción gubernamental, Ramos se alineó con el pedido de otros sectores para la activación de un estado de sitio y la militarización del Chapare. «Cuando existe terrorismo dentro de un país, cuando hay desestabilización, el gobierno debe activar el estado de excepción y militarizar las áreas conflictivas», afirmó, insistiendo en que las federaciones cocaleras del Chapare no pueden ser el único grupo con poder para paralizar el país y dañar la economía nacional.
Según Ramos, el transporte pesado ha sido uno de los sectores más perjudicados por las movilizaciones, acumulando alrededor de 180 días de pérdidas laborales en la gestión del presidente Luis Arce Catacora. «Es hora de que el Estado demuestre presencia en los lugares donde se están causando daños económicos», demandó.
Críticas a la inacción del gobierno y la defensoría del pueblo
Domingo Ramos fue enfático al señalar que el gobierno y la defensoría del pueblo han fallado en su deber de proteger a los ciudadanos. Aseguró que la ayuda humanitaria enviada por el ministro Edgar Montaño no ha llegado a los verdaderos transportistas, quienes llevan hasta 15 días sin acceso a necesidades básicas.
«Por humanidad, señores bloqueadores, deben dar un cuarto intermedio para que estos transportistas que están 15 días sin bañarse, sin buena alimentación, puedan llegar a sus destinos», exhortó Ramos. Criticó también al defensor del pueblo y al ministro de gobierno por «observar desde el palco» sin intervenir en los abusos y bloqueos.
Finalmente, Ramos cuestionó lo que considera una doble vara en la actuación de las autoridades: «No entiendo por qué el Estado boliviano, cuando el transportista sale en movilización, nos gasifican y apresan; pero estos señores del Movimiento al Socialismo parecen contar con la complicidad del gobierno», concluyó, aludiendo a la supuesta falta de imparcialidad del ejecutivo en el manejo de estos conflictos.
Un sector al límite
El transporte pesado se mantiene en emergencia, exigiendo respuestas claras y acciones concretas por parte del gobierno. Mientras tanto, la inestabilidad y los bloqueos continúan afectando a los transportistas y al país entero, en un contexto de creciente descontento y división social.
JR/Andina
