El legislador del MAS asegura que el exministro debe rendir cuentas en Bolivia por las masacres de Senkata y Sacaba tras su deportación desde Estados Unidos
El diputado Pacífico Choque (MAS) afirmó este miércoles que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, debe ser procesado en Bolivia por su responsabilidad en la ejecución del denominado “decreto de la muerte”, emitido en 2019, que eximía de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas durante los conflictos sociales posteriores a la renuncia de Evo Morales.
La declaración llega luego de que se confirmara oficialmente la deportación de Murillo desde Estados Unidos, donde cumplió condena por lavado de dinero y corrupción. El exministro arribará en las próximas horas al aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz.
“Murillo tiene deudas pendientes con la justicia boliviana”
Choque recordó que Murillo no solo enfrentó procesos en Estados Unidos, sino que tiene causas pendientes en Bolivia, algunas con sentencias condenatorias y otras en curso.
“Arturo Murillo tiene deudas pendientes con la justicia boliviana. Es autor material e intelectual, al igual que Camacho, Pumari y Jeanine Añez, de las masacres que dejaron 38 fallecidos, más de 800 heridos y más de 1.500 perseguidos políticos en 2019”, aseguró el legislador.
Pedido de aprehensión inmediata
El diputado señaló que el Ministerio Público debe actuar “de manera neutral e independiente” y ejecutar de inmediato las órdenes de aprehensión que pesan contra Murillo.
“Cuando se declara la rebeldía, la autoridad expide un mandamiento de aprehensión. El Ministerio Público y la Policía tienen que ejecutarlo apenas pise tierra boliviana. De lo contrario, será una señal de parcialización con la derecha y con el propio gobierno”, advirtió.
Asimismo, insistió en que Murillo debe ser cautelado y trasladado a una cárcel de máxima seguridad para responder por los delitos cometidos.
Responsabilidad compartida
Choque también señaló que otros exautoridades del gobierno transitorio deben rendir cuentas por la firma del decreto que otorgó impunidad a las Fuerzas Armadas durante la represión en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba).
“Todos los que firmaron ese decreto supremo de la muerte tienen que rendir cuentas. No solo Murillo, también la expresidenta Jeanine Añez, la ex canciller Karen Longaric y quienes avalaron esas decisiones nefastas”, remarcó.
Críticas al Tribunal Supremo de Justicia
El legislador cuestionó al presidente del Tribunal Supremo de Justicia por manifestar que todos los exautoridades pueden regresar al país para someterse a un juicio.
“Esa aseveración es abusiva y arbitraria. Nosotros no creemos en la justicia mientras no se aprehenda a Murillo y a quienes escaparon del país. La población boliviana exige justicia por las masacres”, sostuvo.
IL/Andina
