El diputado evista Pacífico Choque ha denunciado que el gobierno, encabezado por el presidente Luis Arce, estaría utilizando al Ministerio Público y al Órgano Judicial para perseguir a los dirigentes que participaron en la toma pacífica de la sede de la Central Obrera Boliviana (COB) el pasado 9 de septiembre. Según Choque, los líderes de la movilización fueron falsamente acusados de delitos como robo agravado y lesiones, en un intento de silenciarlos por denunciar la corrupción del actual gobierno.
Acusaciones de manipulación judicial
Pacífico Choque, miembro del ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS), informó que varios dirigentes del Pacto de Unidad, entre ellos Humberto Claro Ceballos, Juan Enrique Mamani y Juana Machicado, han sido denunciados tras la toma pacífica de las oficinas de la COB. Choque afirma que el gobierno ha armado un proceso judicial en tiempo récord para perseguir a estos dirigentes.
«El mismo día que entraron a la COB, el presidente Luis Arce dio instrucciones para investigar y sancionar a los dirigentes que participaron en la toma pacífica. El ministro de Gobierno los calificó de delincuentes y vándalos, instruyendo a la Policía a actuar inmediatamente», declaró el diputado.
Denuncias fabricadas en tiempo récord
Choque detalló que el Ministerio Público presentó una denuncia por robo agravado y lesiones graves y leves en contra de los dirigentes mencionados, supuestamente bajo la presión del Ejecutivo. Lo que más sorprende, según el diputado, es la rapidez con la que se armó el caso.
«A las 23:45 del 9 de septiembre se recepcionó la denuncia y durante toda la noche se emitieron requerimientos para forenses y declaraciones. A las 5:00 a.m. ya se había sorteado un fiscal que emitió los demás requerimientos pertinentes. Este tipo de rapidez sólo demuestra que el caso ha sido fabricado y que la justicia está siendo manipulada por el gobierno», afirmó Choque.
Críticas al gobierno de Arce
El legislador fue enfático al señalar que esta situación refleja un patrón de persecución política, donde el gobierno busca acallar a quienes denuncian su corrupción y sus vínculos con ciertos sectores. Según Choque, los dirigentes no cometieron ningún delito y entraron pacíficamente a la sede de la COB, acompañados por medios de comunicación.
«Es completamente falso que los dirigentes hayan robado objetos o documentos de valor de la COB, y las agresiones físicas que se mencionan en la denuncia son inventadas. Lo que estamos viendo es una dictadura disfrazada de democracia, donde se persigue a quienes se oponen al gobierno», aseveró el diputado.
Una justicia parcializada
Choque manifestó su preocupación por el uso de la justicia como un instrumento del Ejecutivo para reprimir a los sectores que critican al gobierno. Además, mencionó que los dirigentes ya podrían estar enfrentando órdenes de aprehensión, lo que demostraría la instrumentalización del Ministerio Público y el Órgano Judicial.
«Nos sentimos muy preocupados porque este gobierno ha instrumentalizado al Ministerio Público y al Órgano Judicial para acallar a los dirigentes que están denunciando la corrupción de este gobierno. Esto no es un Estado de derecho, es un gobierno dictatorial que pretende silenciar a quienes luchan por la verdad», concluyó el diputado Pacífico Choque.
Contexto del conflicto
La toma de la sede de la COB se dio en medio de crecientes tensiones entre el ala evista del MAS y el gobierno de Luis Arce. Los dirigentes que participaron en la movilización acusaron a la dirigencia de la COB, encabezada por Juan Carlos Huarachi, de estar alineada con el gobierno y de traicionar los intereses de los trabajadores. Esta confrontación interna en el MAS ha escalado en los últimos meses, y las denuncias de persecución política no hacen más que profundizar la crisis en el partido.
IL/Andina
