La abrogación de la Ley 741 sigue sin ser tratada en la Cámara de Diputados, denuncia la oposición
En un reciente pronunciamiento, el diputado Miguel Roca, de Comunidad Ciudadana (CC), criticó al presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, por no convocar a una sesión para tratar la abrogación de leyes que, según la oposición, son responsables del incremento de incendios forestales y la destrucción ambiental en Bolivia. Estas leyes incluyen la polémica Ley 741, la cual permite desmontes en propiedades rurales y ha sido señalada como un factor clave en el tráfico ilegal de tierras.
«El tráfico de tierras es una economía criminal»
Roca no escatimó palabras al denunciar que la falta de acción del gobierno responde a intereses ocultos. «Es una irresponsabilidad del presidente Huaytari convocar solo a una sesión, dejando de lado las leyes que realmente importan,» señaló Roca. El diputado aseguró que el Ejecutivo prefiere priorizar la aprobación de créditos, como el reciente préstamo de 75 millones de dólares destinado a combatir los incendios forestales, en lugar de enfrentar el problema de fondo que, según él, son las leyes que fomentan el desmonte y la deforestación.
«El tráfico de tierras es una economía criminal del tamaño o incluso más grande que el narcotráfico», denunció Roca, subrayando la gravedad del problema y acusando al Movimiento al Socialismo (MAS) de mantener este modelo para favorecer intereses ilegales.
Oposición alerta sobre incumplimientos
Roca también mencionó que Comunidad Ciudadana había apoyado la aprobación del crédito de 75 millones de dólares bajo la promesa de que, en la siguiente sesión, se trataría la abrogación de la Ley 741. Sin embargo, tres semanas han pasado y la promesa no se ha cumplido. «El MAS sigue sin querer soltar estas leyes incendiarias. Y no solo ellos, los evistas tampoco lo reclaman, lo que demuestra que hay intereses de por medio,» afirmó el diputado.
Incendios y tráfico de tierras: una crisis ambiental y económica
La Ley 741, aprobada en 2015, permite a los pequeños propietarios rurales desmontar hasta 20 hectáreas de tierra sin necesidad de autorización previa. Aunque fue promovida como una medida para incentivar la producción agrícola, sus críticos argumentan que ha generado un impacto devastador en los ecosistemas del país, especialmente en la región del Chaco y la Amazonía, donde los incendios forestales han arrasado miles de hectáreas en los últimos años.
Roca reiteró la necesidad de abrogar esta ley y otras normativas similares que, según él, están estrechamente relacionadas con el tráfico ilegal de tierras. «El país está siendo destruido bajo la mirada complaciente del gobierno, mientras que la economía del tráfico de tierras sigue floreciendo,» concluyó.
«Es una irresponsabilidad del presidente Huaytari convocar solo a una sesión cuando hay leyes urgentes que tratar.»
«El tráfico de tierras es una economía criminal del tamaño o más grande que el narcotráfico.»
«Hace tres semanas se aprobó un crédito con la promesa de abrogar la Ley 741, pero hasta ahora no ha pasado nada.»
Un llamado a la acción
Comunidad Ciudadana y otros sectores de la oposición han insistido en la necesidad de abrogar la Ley 741 y otras normativas que favorecen la deforestación y la destrucción ambiental. Mientras tanto, el país enfrenta una creciente crisis ambiental y económica debido a los incendios forestales, que continúan afectando vastas áreas de la Amazonía boliviana y otras regiones.
Andina
