La presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de El Alto condena los ataques que causaron la muerte de cuatro policías y exige respeto a la vida incluso en contextos de protesta
El Alto, 12 de junio de 2025 — La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la Ciudad de El Alto, Virginia Ugarte, emitió un contundente pronunciamiento condenando los hechos violentos registrados en Llallagua, en el norte del departamento de Potosí, donde perdieron la vida al menos cuatro efectivos policiales durante enfrentamientos ocurridos la jornada del miércoles.
Desde la sede alteña, Ugarte expresó su profundo pesar por la tragedia e hizo un llamado firme a las autoridades judiciales y del Ministerio Público para investigar los hechos y sancionar con todo el peso de la ley a los autores materiales e intelectuales de las muertes.
“Repudiamos esos actos vandálicos. Se han cometido delitos. Si bien el derecho a la protesta está consagrado en nuestra Constitución y en normas internacionales, no puede ejercerse vulnerando la vida y los derechos de terceros”, afirmó.
Exigen justicia para los policías fallecidos
Según los reportes recogidos por la Asamblea, al menos 19 personas también habrían resultado heridas durante los enfrentamientos. Ugarte hizo énfasis en que los efectivos fallecidos se encontraban cumpliendo con su labor y que su muerte constituye una grave violación a los derechos humanos.
“Se han perdido vidas de policías que estaban cumpliendo su trabajo, estaban ejerciendo su función. Pedimos que se sancione con todo el rigor de la ley, pero por supuesto respetando el debido proceso”, agregó.
Además, la Asamblea se solidarizó con algunos medios de prensa que, según denuncias, habrían sido hostigados o emboscados mientras cubrían los hechos. Ugarte calificó estas agresiones como inadmisibles y recordó que la libertad de prensa también es un derecho humano fundamental.
Llamado a la responsabilidad y al respeto a la vida
La Asamblea de Derechos Humanos recalcó que la protesta social no puede derivar en hechos de violencia o en atentados contra la vida. El organismo exigió a los sectores movilizados ejercer sus derechos sin transgredir los límites legales y éticos.
“No se puede justificar la muerte de nadie bajo ninguna causa. Quitar la vida de una persona está penado por ley. La protesta debe respetar la integridad física y psicológica de todas las personas”, reiteró Ugarte.
Autoridades en alerta
Tras conocerse la confirmación oficial de las cuatro muertes, diversas instituciones han solicitado que el Gobierno brinde respuestas rápidas y creíbles. Mientras tanto, el Ministerio Público ya habría iniciado una investigación para identificar a los responsables de los ataques, tanto directos como instigadores.
El llamado de la Asamblea de Derechos Humanos se suma a otras voces que exigen esclarecer los hechos, garantizar la justicia y evitar que la espiral de violencia continúe escalando.
Los enfrentamientos en Llallagua se dieron en medio de movilizaciones convocadas por sectores sociales de la región en protesta por distintas demandas aún no esclarecidas del todo en los informes oficiales. La violencia con la que derivaron las protestas ha encendido las alarmas sobre el manejo de los conflictos sociales en el país.
Mientras el país aún asimila la gravedad de lo ocurrido, el pronunciamiento de la Asamblea alteña refleja la creciente preocupación de organizaciones civiles por el respeto a los derechos fundamentales en un escenario de creciente conflictividad.
EC/Andina