Lucía Salazar señala irregularidades y hostigamiento dentro de la cooperativa
En una conferencia de prensa realizada este miércoles, Lucía Salazar, presidenta del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Teléfonos La Paz (Cotel), denunció públicamente el presunto homicidio de Javier Antonio Manuel Calizaya, un trabajador del área técnica de la cooperativa. Según Salazar, el hecho no solo evidencia violencia laboral, sino también una red de irregularidades dentro de la institución.
Un fallecimiento rodeado de sospechas
Salazar relató que el fallecimiento de Calizaya ocurrió en circunstancias sospechosas y que, inicialmente, se intentó justificar como una “broncoaspiración”. Sin embargo, el certificado de defunción señala que la causa fue un traumatismo encéfalo craneano cerrado (TEC).
“Ese día del hecho, el señor fallecido fue trasladado dentro de las instalaciones. Incluso llevaron a un médico que intentó justificar la muerte como broncoaspiración, pero nada más falso”, señaló Salazar.
Gracias a las cámaras de seguridad, se habrían obtenido imágenes que confirmarían la hipótesis de un homicidio. Actualmente, hay tres personas aprehendidas vinculadas al caso, y la presidenta aseguró que los videos serán entregados a los medios para su difusión.
Acusaciones contra el sindicato
Durante su intervención, Salazar señaló directamente a Javier Mamani Fernández, dirigente sindical, y a otros trabajadores como presuntos responsables de hostigamiento laboral y violencia dentro de la cooperativa.
“Mamani y su grupo están detrás de estas acciones. Son cerca de 20 trabajadores que hostigan a quienes quieren cumplir con su labor. Han golpeado a otros empleados y hasta amenazado con matarlos”, denunció.
Además, aseguró que estos hechos de violencia están relacionados con intentos de encubrir actos de corrupción descubiertos por la nueva administración de Cotel.
Una cooperativa paralizada
Salazar también denunció que las medidas cautelares impuestas a Cotel han generado una parálisis en sus operaciones, impidiendo incluso pagos básicos como el combustible necesario para atender los servicios técnicos. Según la presidenta, este bloqueo económico estaría siendo utilizado como herramienta de presión por parte del sindicato.
“No se puede ni pagar gasolina para los servicios técnicos. Esto demuestra el nivel de desorden que enfrentamos en la cooperativa”, afirmó.
Exige justicia y transparencia
Finalmente, Salazar hizo un llamado a las autoridades y a la Central Obrera Boliviana (COB) para que no protejan a los involucrados en estos actos y permitan que se esclarezca el caso.
“Lo único que queremos es que se dé con los autores y que esto no quede en la impunidad. La COB debe dejar de amparar a estas personas que se creen inmunes por su afiliación sindical”, concluyó.
El caso de Javier Antonio Manuel Calizaya se suma a una serie de denuncias que han sacudido a Cotel en los últimos meses, poniendo en evidencia una crisis interna que no parece tener pronta solución.
JR/Andina
