El sector del transporte público ha dado un ultimátum al Gobierno: si en 72 horas no se soluciona el desabastecimiento de combustibles, el lunes iniciarán movilizaciones y paros a nivel nacional. Así lo advirtió Lucio Gómez, ejecutivo de la Confederación de Chóferes de Bolivia, quien aseguró que la paciencia del gremio se agota.

«El paro general indefinido no está descartado»

Según Gómez, el transporte se encuentra en «espera» del informe del Gobierno respecto a la situación de los hidrocarburos y la distribución de diésel y gasolina. «Estamos a la espera y el paro general indefinido no está descartado, sigue vigente mientras conozcamos el informe de las autoridades», afirmó el dirigente.

La incertidumbre sobre la provisión de combustibles ha generado malestar en el sector, que exige soluciones inmediatas. «¿Se va a cumplir o no se va a cumplir?», cuestionó Gómez en referencia a los compromisos del Gobierno.

Críticas a la gestión de carreteras

El dirigente también apuntó a las condiciones de las vías, denunciando que las empresas encargadas del mantenimiento no cumplen con su labor. «No vamos a permitir que empresas sin maquinaria se adjudiquen el mantenimiento de carreteras», advirtió.

Señaló que la falta de previsión por parte de las autoridades ha llevado a una situación crítica, especialmente en época de lluvias, cuando los trabajos de reparación se vuelven inviables.

Expectativa ante respuesta gubernamental

El plazo de 72 horas vence este viernes, y hasta el momento no se ha recibido una respuesta concreta por parte del Gobierno. Gómez confirmó que han sido convocados a una reunión, pero exigen una comunicación formal y por escrito. «Nosotros vamos a participar porque el objetivo es que den soluciones correspondientes», declaró.

De no haber respuestas claras, el lunes se activarían medidas de presión, incluyendo movilizaciones y un posible paro general indefinido. «Nos vemos nomás en las medidas del paro general indefinido», advirtió el dirigente.

El transporte público espera definiciones, mientras el Gobierno tiene las horas contadas para evitar un conflicto que podría paralizar el país.

JR/Andina