La Paz, 27 de mayo de 2024 – El Procurador General del Estado, César Siles, ha negado categóricamente cualquier negociación entre el Gobierno boliviano y el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, en relación al proceso civil por el caso de los gases lacrimógenos. Siles también informó sobre el avance en el proceso de extradición de Murillo y los esfuerzos para recuperar los 2.3 millones de dólares de sobreprecio vinculados al caso.
Proceso de Extradición y Recuperación de Fondos
En sus declaraciones, Siles enfatizó que el Gobierno está comprometido con la extradición de Murillo, quien actualmente cumple una condena en Estados Unidos que concluirá en 2026. “En ningún momento se ha iniciado una negociación o se le está ofreciendo alguna salida al señor Murillo o al señor Méndez,” aseguró Siles.
El Procurador destacó que los procesos penales en Estados Unidos contra Murillo y sus cómplices, Sergio Méndez, Luis Berkman, y Bryan Berkman Phillips, ya han concluido con sentencias condenatorias. Actualmente, Bolivia espera que el Gobierno estadounidense acepte la extradición de Murillo para enfrentar los procesos pendientes en el país.
Recuperación del Dinero Decomisado
Siles informó que al momento de la detención de Murillo y sus cómplices en Estados Unidos, se logró decomisar más de 1.5 millones de dólares, que deben ser repatriados a Bolivia como parte del resarcimiento del daño económico causado. “Este millón y medio de dólares tiene que ser repatriado al Estado boliviano como parte del daño económico al Estado,” explicó.
El sobreprecio investigado en los contratos asciende aproximadamente a 2.3 millones de dólares. Las autoridades bolivianas están en trámite para recuperar este dinero y asegurar que sea devuelto al Estado boliviano.
El Procurador General del Estado, César Siles, ha dejado claro que no ha habido ninguna negociación con Arturo Murillo en el caso de los gases lacrimógenos y que se están tomando todas las medidas necesarias para extraditarlo y recuperar los fondos malversados. La detención y condena de Murillo y sus asociados en Estados Unidos marcan un avance significativo, pero el proceso para asegurar la justicia en Bolivia continúa.
JP/Andina
