El parlamentario de oposición, Carlos Alarcón, detalló una serie de irregularidades que involucrarían a los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, señalando la creación de una «empresa prestanombre» que recibió un préstamo millonario y contratos directos. Además, acusó al oficialismo de obstaculizar el envío del informe de la comisión a la Fiscalía.
El diputado por Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, instó este lunes a la Fiscalía General del Estado a iniciar una investigación de oficio por el caso Botrading, tras denunciar una presunta red de corrupción enquistada en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que se habría gestado en el gobierno de Evo Morales y consolidado en la actual gestión de Luis Arce. Según el legislador, existen «indicios contundentes» de la comisión de al menos cinco delitos.
Alarcón criticó duramente que Botrading, una empresa constituida con un capital de apenas 465 dólares, haya recibido un préstamo de 80 millones de dólares de la propia YPFB para luego adjudicarse contratos de suministro de combustible en condiciones sospechosas. Asimismo, denunció que el presidente de la Cámara de Diputados está reteniendo deliberadamente el informe de la comisión especial que investigó el caso, impidiendo que llegue al Ministerio Público.
Una «Prestanombre» con un Préstamo de $80 Millones
El diputado opositor calificó a Botrading como una «prestanombre» creada para favorecer intereses particulares a costa de la estatal petrolera. Explicó que la empresa fue constituida en octubre de 2019 por un miembro del directorio de YPFB Refinación de esa época.
«YPFB Refinación, la empresa más importante de los bolivianos, encabezada por una prestanombre que invirtió 465 dólares. Esas vergüenzas internacionales nos han hecho pasar estos gobiernos», sentenció Alarcón.
Según su denuncia, el gobierno de Luis Arce «sacó del ropero» a esta empresa y, al no tener capital, YPFB actuó como un banco, otorgándole un crédito de 80 millones de dólares en condiciones preferenciales y garantizando el pago con futuros contratos de suministro.
«Con razón cuando invitaban a 400 proveedores sólo se presentaba Botrading con otra empresa. Si hubieran sido licitaciones transparentes, de 400 proveedores hubieran aparecido 30 que le hubieran ofrecido las mejores condiciones a YPFB y a Bolivia», agregó el parlamentario.
Vínculos con el Presidente y su Hijo
Alarcón también apuntó a posibles vínculos que llegarían hasta el círculo más cercano del presidente Luis Arce. Mencionó a Omar Alarcón Saigua, quien fuera presidente de Botrading y gerente de YPFB Refinación, y que posteriormente fue nombrado por el mandatario como presidente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). «Era el comodín que lo iban acomodando en todos estos puestos estratégicos donde habían grandes intereses económicos en juego», afirmó.
Además, el legislador se refirió a la presunta relación del hijo del presidente, Luis Marcelo Arce Mosqueira, con uno de los actores clave del caso.
«El fiscal no tiene ninguna limitación para que venga el hijo del presidente, declare y diga qué hacía en esa época cuando estaba justamente Dorgarten en Paraguay (…). El que nada hace, nada teme, puede venir y puede declarar tranquilamente», desafió Alarcón, recordando que se bloqueó su convocatoria a declarar en la comisión investigadora.
Informe «Contundente» y Obstrucción a la Justicia
Frente a las declaraciones de voceros del oficialismo que califican el informe de la comisión como «ambiguo», Alarcón respondió que se trata de «una burla al pueblo de Bolivia» y que solo están leyendo la parte redactada por los diputados del MAS.
Aseguró que las conclusiones y recomendaciones del documento, que fueron consensuadas por los seis miembros de la comisión (oficialismo y oposición), son claras y determinantes.
«En los numerales finales, que es lo común del informe, se dice que hay indicios contundentes de la comisión de cinco delitos vinculados a corrupción. Eso es lo que no dicen los voceros», enfatizó.
Finalmente, denunció que el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, no ha remitido el informe a la Fiscalía desde su aprobación el pasado viernes, en lo que considera una clara maniobra para dilatar la investigación y proteger a los responsables.
IL/Andina
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