El diputado Gustavo Aliaga, ex canciller de Bolivia, informó que el Gobierno cuenta con un plazo de 60 días para concretar la extradición de Maximiliano Dávila, exzar antidrogas durante el gobierno de Evo Morales, solicitado por Estados Unidos bajo cargos relacionados con narcotráfico. En una reciente conferencia de prensa, Aliaga ofreció detalles sobre el proceso y respondió a las acciones legales emprendidas por la defensa de Dávila.
Estados Unidos y la solicitud de extradición
Aliaga explicó que la solicitud de extradición fue presentada formalmente por Estados Unidos el 8 de noviembre de este año. El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ya autorizó el proceso, el cual debe ser completado en un plazo máximo de 60 días.
«El fiscal ha autorizado la extradición. Aunque la defensa del coronel está haciendo uso de todos los recursos legales posibles, esto no tiene posibilidad de prosperar. La extradición es un hecho y debe cumplirse conforme al tratado de 1995», afirmó Aliaga.
Asimismo, señaló que este proceso se da en el marco de un acuerdo bilateral entre Bolivia y Estados Unidos, y subrayó que, en caso de que no se logren resultados favorables para Dávila, EE. UU. enviará un avión para concretar el traslado.
Defensa de Dávila: argumentos y controversias
Los abogados de Maximiliano Dávila han argumentado que la solicitud de extradición carece de validez, alegando que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia están prorrogados en sus funciones. Sin embargo, Aliaga desestimó este planteamiento, afirmando que, independientemente de esa situación, las autoridades judiciales siguen ejerciendo sus roles.
«Lamentablemente, la realidad es la realidad. Los fiscales y magistrados están en funciones, prorrogados o no. Lo mejor que puede hacer la defensa es cumplir con lo estipulado en el tratado de extradición», enfatizó el ex canciller.
Posible demora por la vacación judicial
Aunque el plazo establecido es de 60 días, Aliaga advirtió que la vacación judicial podría extender el proceso. No obstante, aseguró que la extradición es inevitable debido a la gravedad de los cargos que enfrenta Dávila en Estados Unidos, quien es acusado de formar parte de una red delictiva de narcotráfico.
«Estamos hablando de una asociación delictiva muy compleja. El abogado de Dávila puede solicitar enmiendas y complementaciones, pero esto no detendrá el proceso», agregó.
La prioridad de los procesos judiciales nacionales
El diputado también abordó el debate sobre si un proceso judicial en Bolivia podría interferir con la extradición. Según explicó, los procesos locales siempre tienen prioridad antes de que un ciudadano sea enviado a otro país. Sin embargo, en este caso, el tratado con EE. UU. garantiza que la extradición se realice dentro del tiempo estipulado.
Un caso que marca precedentes
La extradición de Maximiliano Dávila representa un caso de alta relevancia, no solo por el cargo que ocupó como zar antidrogas, sino también por el alcance de las acusaciones en su contra. Este proceso pone a prueba los acuerdos bilaterales de extradición entre Bolivia y Estados Unidos, así como la capacidad del sistema judicial boliviano para actuar dentro de los plazos establecidos.
La atención ahora se centra en cómo evolucionará este caso en las próximas semanas y si el Gobierno logrará cumplir con las obligaciones estipuladas en el tratado de extradición.
IL/Andina
