El proyecto será presentado como iniciativa ciudadana ante la Asamblea Legislativa; busca frenar el “consorcio de jueces, fiscales y abogados” que actúan con impunidad, según sus impulsores.
Activistas y representantes profesionales de la ciudad de El Alto presentaron este jueves un proyecto de ley que propone sanciones de hasta 30 años de cárcel para jueces y autoridades judiciales que incurran en favores políticos. La iniciativa ciudadana será remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional con el objetivo de endurecer las penas contra actos de corrupción dentro del sistema judicial.
Una sanción “ejemplar” ante una justicia “corrupta”
Guido Calcina, representante del sector profesional alteño y vocero del proyecto, afirmó que la normativa busca sancionar con la máxima pena establecida en el país —30 años sin derecho a indulto— a jueces, fiscales y otras autoridades judiciales que se presten a intereses políticos, cometiendo delitos como el tráfico de influencias, prevaricato o corrupción.
“Estamos trabajando en la parte de la justificación técnica del proyecto de ley que será presentado como iniciativa ciudadana. Esta Asamblea Legislativa debe sancionar con 30 años de cárcel a los jueces que presten favores políticos”, sostuvo Calcina.
El activista hizo hincapié en que actualmente los delitos vinculados al tráfico de influencias reciben penas de apenas cinco a diez años de prisión, lo cual —según dijo— fomenta la impunidad debido a perdones judiciales, detenciones domiciliarias y resoluciones “cocinadas”.
“Un ministro mandando audios a jueces”: la indignación ciudadana
Calcina también hizo alusión a un reciente escándalo que involucraría al ministro de Justicia, a quien se acusa de enviar audios con instrucciones a jueces subordinados, en referencia a un caso ocurrido en Coroico.
“En cualquier otro país eso sería un escándalo de grandes dimensiones. Pero aquí lo estamos normalizando. Estamos dejando un nefasto antecedente para las futuras generaciones”, afirmó con firmeza.
Asimismo, denunció que varios jueces estarían actuando en función de intereses políticos, beneficiando a autoridades censuradas o autoprorrogadas en sus cargos, en abierta contradicción con la Constitución y la voluntad popular.
“La justicia está de rodillas”
El proyecto de ley es una reacción directa al creciente descontento ciudadano frente a un sistema judicial cuestionado por su falta de independencia y su cercanía con el poder político. Desde sectores sociales y profesionales de El Alto se insiste en que es urgente romper con lo que denominan “el consorcio de jueces, fiscales y abogados”.
“No es que estemos descubriendo algo nuevo; esto ya se venía denunciando desde hace años. Pero ahora queremos que se sancione con todo el peso de la ley. Basta de favores, basta de prevaricato, basta de justicia arrodillada”, sentenció Calcina.
Un llamado a la Asamblea Legislativa
Los impulsores de la propuesta exigen que los legisladores den curso al proyecto como una señal clara de compromiso con la lucha contra la corrupción. Aseguran que la impunidad judicial es uno de los mayores problemas que enfrenta Bolivia y advierten que, de no tomarse medidas drásticas, el sistema judicial seguirá siendo un instrumento al servicio del poder.
El proyecto será presentado formalmente en los próximos días ante la Asamblea Legislativa, en calidad de iniciativa ciudadana respaldada por organizaciones profesionales y sociales de la ciudad de El Alto.
EC/Andina
