La aprehensión de Humberto Claros y Ramiro Cucho, vinculados al ala evista, genera un llamado a aplicar todo el peso de la ley por los daños económicos y sociales tras 24 días de bloqueo.
“El bloqueo dejó nuestra economía en terapia intensiva”
Desde la ciudad de El Alto, activistas y representantes de sectores independientes exigen que los dirigentes responsables de los bloqueos recientes sean procesados con la máxima severidad. Guido Calcina, representante del bloque de profesionales independientes, denunció que los 24 días de bloqueo no solo paralizaron al país, sino que profundizaron una crisis económica ya debilitada.
“La crisis económica ya estaba hospitalizada, pero producto del bloqueo ahora se encuentra en terapia intensiva. Las familias que invirtieron o se endeudaron con los bancos están devastadas”, afirmó Calcina en un pronunciamiento que refleja la indignación de amplios sectores alteños.
Rechazo a la narrativa de persecución política
Calcina descalificó las afirmaciones de que los dirigentes detenidos, Humberto Claros y Ramiro Cucho, sean víctimas de persecución política. Según el líder de los profesionales independientes, los acusados actuaron con total impunidad, a pesar de las serias denuncias en su contra por delitos como instigación a delinquir, alzamiento armado y terrorismo.
“Si son perseguidos políticos, deberían declararse en la clandestinidad como lo hizo Quintana, no pasearse por las plazas como si nada hubiera pasado. Esto no es persecución política, es asumir responsabilidad por sus actos”, subrayó Calcina.
Los delitos bajo la lupa: terrorismo y alzamiento armado
La aprehensión de los dirigentes Claros y Cucho ha sido justificada por las investigaciones que los vinculan con graves acusaciones, entre ellas el intento de dividir el país y tomar instalaciones militares. Estas acciones, según Calcina, no solo afectaron a la estabilidad del Estado, sino que también atentaron contra la vida de miles de bolivianos al bloquear el acceso a recursos básicos.
“Han buscado la separación de nuestro país, y eso es inadmisible. Este tipo de delitos no pueden quedar impunes; deben ser juzgados con todo el peso de la ley”, enfatizó el activista.
El pedido desde El Alto: justicia para todos
La postura de los activistas independientes de El Alto es clara: no permitirán que los responsables de los bloqueos recientes utilicen el argumento de persecución política para evadir sus responsabilidades. “Si queremos reconstruir nuestra economía y nuestra sociedad, no podemos tolerar la impunidad”, concluyó Calcina.
Este llamado a la justicia desde una de las ciudades más afectadas por los bloqueos refuerza la necesidad de acciones contundentes contra aquellos que ponen en riesgo la estabilidad económica y social del país.
EC/Andina
