El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochimanidis, y la senadora Centa Rek impulsan una «ley corta» que busca agilizar la distribución de carburantes para evitar un colapso en la seguridad alimentaria. Acusan al Gobierno de «incapacidad» y exigen «voluntad política» para tratar la norma con urgencia en el Legislativo.
En medio de una creciente tensión por la escasez de combustibles que afecta a todo el territorio nacional, el Comité pro Santa Cruz, liderado por Stello Cochimanidis, en coordinación con la bancada parlamentaria cruceña, presentó formalmente un proyecto de ley corta de emergencia. La propuesta busca destrabar la distribución de carburantes, particularmente diésel, y así garantizar la producción y el transporte de alimentos, sectores que se declaran en alerta máxima.
Desde la ciudad de La Paz, los impulsores de la iniciativa criticaron duramente al gobierno del presidente Luis Arce, a quien responsabilizan directamente por la crisis debido a su «incapacidad» para dialogar y encontrar soluciones. Advierten que la situación se agrava día a día, con enfrentamientos entre ciudadanos en las filas y un riesgo inminente para la cadena de suministro del país.
«Una crisis que se torna cada día más agresiva»
El presidente del ente cívico cruceño, Stello Cochimanidis, describió un panorama desolador y urgente, asegurando que la inacción del Gobierno está llevando al país al límite. Sostuvo que la sociedad civil se ve obligada a proponer soluciones ante la falta de respuesta del Ejecutivo.
«Lo que necesitamos es salir de esta crisis que se está tornando cada día más agresiva. Ya han empezado, como dije en algunos lugares a bloquear, en otros lugares ya se han agarrado a puñetes por los espacios. Entonces ¿Qué queremos? Que esto se siga saliendo de la mano y que el gobierno bien gracia y que el presidente siga echándole la culpa a todo mundo, menos asumiendo su responsabilidad», manifestó Cochimanidis.
El líder cívico fue enfático al señalar que el problema de fondo no es la falta de créditos, como argumenta el Gobierno, sino la falta de gestión y diálogo.
«El principal problema ha sido la incapacidad de Arce y su gabinete, que no ha podido sentarse a dialogar con las bancadas, sentarse a dialogar con los sectores para buscarle una salida. (…) Repito, es el país el que se va a ir al tacho si seguimos esperando la gana de Arce».
600 cisternas y 20 millones de litros varados en Santa Cruz
Cochimanidis expuso una de las aristas más críticas del problema: un bloqueo burocrático que impide la distribución de combustible ya disponible. Denunció que solo en Santa Cruz hay cientos de transportistas varados en condiciones inhumanas, esperando la autorización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
«Solamente en el caso de Santa Cruz, como ejemplo, hay casi 600 cisternas paradas ahorita. Más de 20 millones de litros de combustible que no están siendo distribuidos. Porque Yacimiento con su trámite burocrático y porque efectivamente no ha pagado a las empresas, es que no se puede distribuir», explicó.
Además, alertó sobre la dramática situación de los conductores: «La gente está entre 15 y 20 días parada, durmiendo en cabina de vehículo. Yacimiento no les presta ni los baños a los transportistas. Ya no tienen plata para seguir alimentándose ahí, son víctimas de robo».
Buscan tratamiento de urgencia en el Senado
Por su parte, la senadora Centa Rek detalló que el proyecto de ley será presentado buscando un procedimiento acelerado en la Asamblea Legislativa, acorde a la emergencia que vive el país. Afirmó que la situación no permite demoras en comisiones y que se requiere el compromiso de todas las fuerzas políticas.
«No puede haber comisiones, tiene que ser un proyecto de ley que ingrese con dispensación de trámite y por eso tenemos que hacer gestiones. Esto ha sido una situación que se ha dado coyuntural, de urgencia. Tenemos que hacer gestiones para que la directiva, para que los partidos, para que todos los senadores estén predispuestos y en conexión con el momento político de nuestro país», declaró la legisladora.
El proyecto, según sus impulsores, pasa «única y exclusivamente por voluntad política». Con esta medida, el Comité pro Santa Cruz y los legisladores de oposición ponen a prueba la capacidad de respuesta del oficialismo, en un momento en que la escasez de combustible amenaza con paralizar la economía y poner en jaque la seguridad alimentaria de Bolivia.
IL/Andina
